El Derecho Asociativo y sus Deberes Legales

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Casi todos los juristas hemos o conocemos a alguien que ha formado parte de alguna asociación. Y es que se trata de una figura muy sencilla para organizar personas con una finalidad y, evidentemente, con un objetivo a perseguir y unos deberes legales. Pero claro ¿conocemos qué exige la ley ante los miembros de una asociación? Pues en este articulo os contaré la mayoría de consultas que me llegan al despacho sobre el Derecho Asociativo y como consecuencia sus deberes legales.

En primer lugar, hagamos un repaso del marco legal en el que nos encontramos. Las asociaciones, al ser de carácter privado, las encontraremos reguladas en el Código Civil. Hasta aquí, todo bien. Pero tendremos que fijarnos mucho donde estamos, pues aquellas Comunidades Autónomas que tengan su propio Código Civil lo regulan distinto. Así que debemos tener estas sensibilidades en cuenta. Además, por el principio de especialidad, siempre debemos aplicar el Código Civil de la Comunidad Autónoma antes que el Estatal y creedme, existen muchas diferencias. Aunque en este artículo no vamos a entrar a hacer un tipo de Derecho Comparado, sino en conocer y reconocer dónde están los Derechos Asociativos y como solucionar los principales peligros de las asociaciones de forma legal.

Lo primero que tenemos que saber de una asociación son dos cosas imprescindibles, a saber: su constitución y sus requerimientos impositivos. Vamos a entrar a analizar cómo se debe iniciar una asociación y cuales son sus derechos asociativos y deberes legales. Esta figura requiere de unos Estatutos válidamente escritos, es decir, que no vayan contra legem y, de igual manera, sean refrendados por la Junta Directiva o, dicho de otro modo, de Presidencia, Tesorería y Secretaría. Hasta aquí, fantástico. Si no sabéis hacer unos Estatutos de Asociación, no temáis: en la página web del gobierno podéis encontrar formularios totalmente gratuitos y que, como están avalados por el Estado, seguro que están bien.

Así mismo, necesitaremos el acta de constitución, mostrando los nombres y apellidos e información sobre la mencionada Junta Directiva y, es de obviedad, este documento también deberá ir rubricado. Volvemos al mismo punto, hasta aquí todo perfecto. Pero claro, comienzan a sonar alarmas: Según el Código Civil Estatal y también los Autonómicos, las asociaciones se entienden “pre-constituidas”. Eso significa que, aunque no des de alta en el registro de asociaciones a tu asociación, cualquier organización de personas que se comporte como una asociación, en teoría, ya lo es.

Por tanto, la obligatoriedad de registrar la asociación sólo se hace por el carácter publicitario de la misma. También es la única forma de poder conseguir una cuenta bancaria propia de la asociación, pero ya llegaremos a este punto.

Os cuento la movida de la “pre-constitución” porqué me llegó al despacho un caso de una asociación -con Estatutos y todo y que cobran a sus miembros- que no se había dado de alta en el registro de asociaciones y que, según palabras de Tesorería “ellos no eran asociación” y que, por tanto, no tenían que responder de actos ilegítimos. Y no, juristas míos, esto no es así. Porque una asociación, entendida como constituida, aunque no esté registrada y, por tanto, ya puede comenzar a actuar como tal y a cumplir con el Derecho Asociativo. Y si, las asociaciones, tal y como marca la ley, tienen la obligatoriedad de comportarse y no pueden, por ejemplo, discriminar a uno de sus miembros.

Otra cosa importante que es destacable de las asociaciones y que deberemos tener en cuenta es la parte impositiva, vamos, los impuestos que se tienen que pagar. Crear una asociación lleva consigo el pago de una tasa pública en el momento de su registro. ¡Pero eso no es lo único! Si la asociación decide cobrar a sus asociados o tener algún tipo de actividad económica, deberá pagar los impuestos. Primero, comentar que, aunque las asociaciones sean sin ánimo de lucro, eso no significa que no puedan mover dinero, coger dinero de las cuotas de asociados e invertirlos en los mismos o en alguna otra actividad. En resumen: sin ánimo de lucro, no significa que sea sin dinero.

Pero vayamos a la parte de los impuestos, que aquí caen multas de Hacienda hasta del cielo. Las asociaciones y así se enmarca en el Derecho Asociativo deben pagar el IVA trimestralmente. Bueno, digamos que deben presentarlo, aunque el IVA les de 0. Esto es muy importante, dado que siempre lo vamos a tener que presentar. También deberá pagar el IRPF si la asociación paga dinero, es decir, emite facturas a profesionales.

El ejemplo más claro de esto es imaginarnos una asociación de estudiantes de Derecho que quiere contratar a un docente. Pues ahí, el profesor haría una factura y la asociación pagaría el IRPF. Además, nos vamos a encontrar que las asociaciones deberán pagar el Impuesto de Sociedades si llega a tener más de 75.000 euros anuales de facturación. Y todo el tema económico, evidentemente, es responsabilidad de Tesorería, así que, es un cargo que realmente necesita de mucho trabajo y de muchas horas.

Otro supuesto que me ha llegado al despacho –a parte de las preguntas sobre el tema impositivo- es sobre el gran desconocido “régimen sancionador”, cumplimiento del Derecho Asociativo. Las asociaciones, obligatoriamente deben funcionar de manera democrática, es decir, con votos y hacía la mayoría, no pueden convertirse en formas autoritarias de gobierno, puesto que no son una empresa. Partiendo de esa base, cualquier persona que quiera entrar en una asociación, se le debe dejar entrar. Si, así lo dicta la ley. Igualmente, incluso cuando la asociación quiere echar a uno de sus miembros, comenzamos a conectar todas las alarmas.

Como ya he mencionado, hablamos de un sistema democrático y no despótico y, por tanto, delante de poder sancionar a un asociado o hablar de su expulsión, es muy importante que tengamos en cuenta lo que menciona el Código Civil. Este, nos advierte, que las asociaciones requieren en sus mismos Estatutos que exista el régimen sancionador, las penalizaciones y cómo será. Si bien es cierto que esto es una exigencia legal, la mayoría de asociaciones sólo escriben en sus Estatutos el régimen sancionador y no las sanciones de sus miembros. Normalmente, las sanciones, que deben estar reguladas y deben ser proporcionadas a los hechos, suelen hacerse en una acta paralela.

Pues, como ya hemos citado, es importante que el régimen sancionador si esté descrito. Y a la práctica, la mayoría de Estatutos lo tienen descrito, pero no lo aplican. Es necesario, pues, que cada entidad tenga en sus Estatutos unos mínimos en cuanto a la regulación de los Derechos Asociativos de un régimen disciplinario, sin perjuicio de que cuando la asociación lo considere necesario, se pueda desarrollar esta cuestión en un Reglamento de Régimen Interno. Por tanto, es trabajo de la asociación llevar a cabo a priori la regulación disciplinaria, estableciendo una graduación de la gravedad de las faltas y de las sanciones que corresponda imponer. De todas formas y por tener un ejemplo de referencia, podemos fijarnos en el modelo estándar de estatutos que proporciona el Departamento de Justicia.

Este modelo, en la parte final, tiene un capítulo dedicado al régimen disciplinario y parte del hecho de que es el órgano de gobierno el que sanciona las infracciones cometidas por los socios que incumplen sus deberes legales.

De entrada, nos aclara que el procedimiento sancionador puede iniciarse por parte de la junta (de oficio) o bien como consecuencia de una denuncia o comunicación. En el plazo de 10 días, la Junta Directiva nombra a un instructor, que tramita el expediente sancionador y propone la resolución en el plazo de 15 días, previa audiencia del presunto infractor. La resolución final, que debe ser motivada y aprobada por dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva, la adopta este órgano de gobierno también dentro de un período de 15 días.

Finalmente, determina que, contra las sanciones en Derecho Asociativo por faltas graves y muy graves acordadas por la Junta Directiva, las personas interesadas pueden recurrir, si el reglamento interno establece el procedimiento para hacerlo, ante la primera asamblea general que tenga lugar.

En cualquier caso, volvemos a remarcar el hecho de que las fases y plazos que contienen estos modelos que se enmarcan en el Derecho Asociativo, son orientativos y la asociación puede crearlas libremente y desarrollarlas mediante un reglamento interno, personalizando sus derechos asociativos.

Si quieres saber más sobre Derecho y tipos de recursos administrativo, no te pierdas este post.

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