¿Qué propone el Gobierno Chino contra los influencers?

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Hace unos días la noticia de que China obligaría a sus influencers a demostrar su cualificación para hablar de temas divulgativos invadía las redes, circulando por las stories de buena parte de la comunidad jurídica. No obstante, lo que a priori podría parecer una buena idea para controlar la difusión de noticias falsas puede entrañar más riesgos de los que la medida podría paliar.

EL ORIGEN DEL REVUELO:

La noticia en cuestión refleja una parte de lo que al parecer son las nuevas reglas de China para sus influencers, un abanico de normas donde no solo se incardina la exigencia de la obtención de una calificación para tratar contenidos en directo que requieran un gran nivel de profesionalidad, sino que también incluyen el veto a cualquier menosprecio al Partido Comunista o al Gobierno y la constricción a adherirse a un “estilo y gusto sanos”, rechazando conscientemente la “vulgaridad, chabacanería y otros intereses de clase baja”, entre otras medidas.

¿PODRÍA UNA MEDIDA ASÍ IMPLANTARSE EN ESPAÑA?

Dejando a un lado el resto de las disposiciones, que no fueron tan bien acogidas por la sociedad española, me gustaría ahondar sobre la posibilidad de restringir el contenido de los influencers en ausencia de la preparación adecuada en el marco de la legislación comunitaria y española.

Para ello, es necesario refrescar la posición de la libertad de expresión e información en nuestro ordenamiento, que vienen consagradas como derechos fundamentales de todos los ciudadanos en el artículo 20 de la Constitución.

Dicho precepto en su apartado primero establece que: “Se reconoce y protege el derecho: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, y d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Como vemos, no cabe duda de que podemos incardinar dentro de la expresión “cualquier medio” a las redes sociales.

Asimismo, en sus apartados segundo y quinto reitera los supuestos tasados en los que se podrá limitar y en qué condiciones, al afirmar que “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa” y “Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

No obstante, tal y como adelantaba en el párrafo anterior, este derecho si está limitado. Así, el apartado cuarto de la misma disposición reconoce que “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

Y, en este sentido, se pronunció el Tribunal Constitucional en su Sentencia 214/1991, de 11 de noviembre, diferenciando la libertad de expresión (en el sentido de la emisión de juicio y opiniones) y libertad de información (en cuanto a la manifestación de hechos).

Con relación a la primera, el tribunal manifestó que “al tratarse de la formulación de opiniones y creencias personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas, campo de acción que se amplía aún más en el supuesto de que el ejercicio de la libertad de expresión afecte al ámbito de la libertad ideológica garantizada por el art. 16.1 C.E., según señalamos en nuestra STC 20/1990”.

De otro lado, en lo relativo a la libertad informativa el Tribunal Constitucional extendió únicamente la protección a la información veraz, añadiendo que “Ello no significa que quede exenta de toda protección la información errónea o no probada, pues el requisito constitucional de veracidad significa información comprobada según los cánones de la profesionalidad informativa, excluyendo invenciones, rumores o meras insidias (por todas STC 105/1990)”.

Como vemos, el margen teórico para ejercer esta libertad es bastante amplio, si bien es cierto que ha sido pensado para proteger al ciudadano de la censura de organismos más bien gubernamentales.

El problema con las redes sociales es que buena parte de la amenaza a la libre expresión proviene de nosotros mismos (la cultura de la cancelación o el boicot a ciertas formas de expresión artística son buena muestra de ello) o de una plataforma que se respalda en su responsabilidad de censurar actividades o información ilícita (vid. Art. 16 de la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico (2002)).

De un lado los usuarios exigimos cada vez más y más protección a las gigantes tecnológicas y, de otro lado, las empresas tratan de evitar problemas legales, optando cada vez más por la interpretación más restrictiva de derechos.

Si a esto le añadimos que propuestas como la del Reglamento de Servicios Digitales (2020) incluyen cada vez más conceptos jurídicos indeterminados como el de “discurso cívico” no parece que esta tendencia a eliminar contenidos de influencers o cualquier persona sin realizar un examen minucioso vaya a detenerse.

LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INSTAGRAM:

Una vez establecido ya el marco general, parece que la eliminación de contenidos de las redes sociales, bien de influencers o de cualquier usuario, podría no ser tan inocente como creemos, pudiendo acabar constituyendo una intromisión ilegítima en nuestros derechos. Tal vez estemos rindiendo nuestro privilegio de expresarnos libremente.

Esta situación me anima a pensar que estamos rindiendo nuestro privilegio ante una aparentemente inocente censura de todo el revuelo causado por el titular, lo que más me ha sorprendido es la pasmosa docilidad con la que fue alabada la medida del Gobierno Chino.

¿Es posible que nuestra generación esté dando por hecho todos los derechos que nuestros mayores siempre ansiaron conseguir?

¿Estamos aceptando restringir nuestro derecho a la libertad de expresión o nuestra capacidad de pensamiento independiente en pro de evitar el enfrentamiento con ideas contrarias a las nuestras?

Como buena post-millennial adicta a Instagram, asisto con normalidad a esta clase de ataques a la libertad individual, desde influencers que ven censurados sus posts en Instagram a boicots masivos a películas, tweets o incluso personas.

Y es que no podemos negar que este tipo de plataformas hoy en día tienen un papel crucial en nuestro desarrollo social, hasta tal punto que la Corte Suprema de Estados Unidos (sentencia del caso Packingham v. North Carolina del 19 de junio de 2017) llegó a afirmar que internet es, y cito: “el equivalente en el siglo XXI a las calles y parques públicos”.

Quizás su gran impacto, unido a la facilidad de acceso a las mismas para la población más joven, es uno de los motivos por los que una gran parte de sus usuarios reclama una mayor implicación de estas en el control de los contenidos que albergan.

En este sentido, es innegable el gran eco y la rápida difusión de información poco veraz o noticias falsas por las redes, desde influencers que fingen viajes a Ibiza como Paula Gonu, hasta otras que, como Marina Yers, aseveraban que el agua deshidrataba.

Con millones de seguidores a sus espaldas, parece fácil culpar a los grandes ídolos de masas o influencers del comportamiento de sus seguidores, pero, ¿no somos nosotros como usuarios los responsables últimos de decidir qué debemos creernos y qué no?

La capacidad de filtrado y verificación de información es una habilidad imprescindible para desenvolvernos en un mundo ya dominado por el internet.

Continuar demandado un control del contenido subido a redes sociales no es más que avivar la llama de una posible censura, delegando nuestras responsabilidades personales en organismos gubernamentales o empresas que nada tienen que ver con la democracia.

Y es que, una vez realizada la primera lectura de titulares como los que mencionábamos, que a primera vista podrían parecer una buena noticia, cabe que plantearse si de verdad queremos que las grandes empresas tecnológicas sean las que ostenten el poder de decisión sobre lo que debe o no considerarse tolerable dentro del diálogo popular.

Defender la libertad de expresión implica respaldar la libertad del prójimo a exponer sus ideas, alentar el intercambio de argumentos y permitir que se hable abiertamente de temas polémicos, sean estos o no moralmente justificables, sin que ello implique una obligación de escuchar estos argumentos o mostrar acuerdo con los mismos*. Sin libertad de expresión permanecemos en un infantilismo perpetuo, privándonos de desarrollar autonomía y la capacidad de pensamiento crítico, y es que, tal y como decía Andrew Doyle, cuando ponemos en peligro el principio de la libre expresión estamos allanando el camino a una futura tiranía.

* Para más información «la falacia de exigir ser escuchado»: Helen Pluckrose y James Lindsay, «Freedom of speech and the fallacy of demanding to be heard», New Discourses (22 de enero de 2020).

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