La prerrogativa de gracia: un arcaísmo injusto

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La prerrogativa de gracia, tanto en su modalidad de indulto como en la de amnistía, es tan antigua como el propio Derecho. Se tiene constancia que hace 4.000 años, en el Código de Hammurabi, el famoso monarca hizo incluir como uno de sus derechos el de eximir de la pena a los reos condenados que el considerase.

Así desde Babilonia a la actualidad, pasando por la Antigua Roma y las monarquías absolutistas de la Edad Moderna, los líderes de los distintos regímenes se han reservado, con mayor o menor libertad, el derecho a librar de la pena a los condenados por la Justicia.

España no es una excepción ni mucho menos en este sentido. Nuestra Constitución, en su Artículo 62.i, otorga al Rey, desde un punto de vista formal, la facultad para otorgar el derecho de gracia con arreglo a la Ley, pero prohibiendo en todo caso la concesión de un indulto general.

En el caso español, es la vetusta Ley de 18 de junio de 1870 la que regula los requisitos y circunstancias que dan derecho a otorgar un indulto a un reo que ha sido hallado culpable en un proceso penal.

Cabe aquí hacer un alto y señalar una diferencia fundamental entre las dos medidas de gracia posibles. Mientras que el indulto es la gracia por la cual se anula la pena impuesta por un delito, o se conmuta por otra menor, la amnistía consiste en el olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores.

Es decir, que mientras que el indulto comporta que el reo se ve liberado el cumplimiento de la pena, pero sigue constando como autor probado de un delito, la amnistía no solo elimina la responsabilidad penal, sino que, además, declara que restituye la inocencia del condenado.

En lo que aquí interesa, centrémonos en los indultos. Estos, según el Artículo 2 de la Ley de 1870, pueden ser parciales, que son aquellos en los que o bien se exime de cumplimiento de alguna o algunas de las penas impuestas al reo o bien se le computan por otras más benignas; o totales, que son aquellos que comportan que el indultado queda libre de cumplir cualquier pena que le haya impuesto el tribunal.

En cuanto a los requisitos para otorgarlo, el Artículo 11 impone, respecto a los indultos totales, que solo se pueden otorgar en caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública.

Asimismo, el Artículo 15 fija, como condiciones tácitas de todo indulto, (1) que no cause perjuicio a tercera persona o no lastime sus derechos y (2) que el penado haya de obtener, antes de gozar de la gracia, el perdón de la parte ofendida, cuando el delito por el que hubiese sido condenado sea de los que solo se persiguen a instancia de parte.

A modo de cierre, el Artículo 16 establece que pueden, además, imponerse al penado en la concesión de la gracia las demás condiciones que la justicia, la equidad o la utilidad pública aconsejen.

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En un genuino estado de Derecho, donde todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas son realmente iguales ante la Ley, no cabe una figura como el indulto, la cual, por su propia naturaleza, permite imponer situaciones jurídicas distintas a personas que se hayan en las mismas circunstancias fácticas.

No hay mayor justicia, equidad o utilidad pública que hacer cumplir la Ley con toda rigurosidad, castigando a todas las personas que la violen de la misma manera.

El Derecho en una sociedad libre, aunque imperfecta, constituye el paradigma de lo que es Justo, porque no deja de ser un conjunto de normas creadas por la fracción mayoritaria de los representantes de la soberanía popular a través de unos procedimientos uniformes diseñados para garantizar el respeto genuino a la voluntad popular.

Pero más allá de esta explicación filosófica, las leyes cumplen una función eminentemente práctica como es permitirnos organizar nuestras conductas.

Constantemente acudimos a la Ley para ver si una determinada actuación está permitida o no y, en su caso, cual es el castigo correspondiente. Así, actuamos de una forma u otra en función de nuestros intereses y de la respuesta jurídica que esperamos obtener.

Ese es el principal motivo por el cual se cometen muy pocos delitos, porque la gente tiene miedo a ser castigada por sostener aquellas conductas que están prohibidas.

Dicho esto, resulta evidente llegar a la conclusión de que, si queremos una sociedad más justa, necesitamos eliminar el derecho de gracia del ordenamiento jurídico.

Y esta afirmación la sustentan 3 argumentos. El primero y principal estriba en el hecho de que, si el Derecho es el paradigma de lo Justo, librar a alguien de la pena que un tribunal le ha impuesto por violar la Ley, es decir, por cometer un acto injusto, es doblemente contrario a la Justicia.

Es así porque, por un lado, se está privando a la sociedad de que se haga Justicia y, por otro, porque un evidente agravio comparativo, tanto por las personas que no han actuado de idéntica forma para evitar que sobre ellos caiga el peso de la Ley, como por aquellos que, habiendo cometido la misma conducta delictiva, si deben cumplir con la pena que se les ha impuesto.

Frente a esta tesis, alguien podría rebatir, no sin cierta razón, que aunque las conductas delictivas hayan podido ser las mismas, las circunstancias que han llevado a su comisión son lo suficientemente diferentes como para que, por razones de justicia, equidad o utilidad pública se debe perdonar, aunque sea parcialmente, a uno la pena que se le ha impuesto y al otro no.

Sin embargo, no puede admitirse este argumento si lo que se persigue es una sociedad más justa.

En un plano prosaico, es innegable que la principal función del Derecho es permitir a la gente realizar elecciones conociendo de antemano la respuesta jurídica aparejada a su decisión.

Muchas veces, no llevamos a cabo una conducta que, en el plano personal nos beneficiaría más que otra, porque sabemos que ello nos acarrearía un castigo.

Nos autorestringimos y empeoramos nuestra las posibilidades en aras de evitar una eventual penalidad.
Sin embargo, quien decide, a pesar de la amenaza de la pena, sostener una conducta prohibida y es indultado, logra obtener una ventaja indebida frente a quienes han respetado la Ley.

Dicho en palabras parcas, no sólo comete una injusticia, lo que representa un perjuicio para el conjunto de la sociedad, sino que, además, es premiado eximiéndole de la penalidad que, precisamente, se ha diseñado para neutralizar las potenciales ventajas de transgredir la legalidad.

El resultado final es que obtiene una situación comparativamente mejor que quienes han sido buenos y buenas ciudadanos y ciudadanas, cosa que no puede resultar admisible para quien defiende la Justicia.

Es por esta razón y no por otra por la que no pueden argüirse una disparidad fáctica para justificar la existencia del indulto. Un acto es catalogado como ilegal porque es nocivo para el conjunto de la sociedad por ser injusto.

Por ejemplo, robar constituye un acto intrínsecamente malo porque comporta apropiarse del esfuerzo ajeno sin tener derecho a ello. Da igual que sean los fondos de un banco por pura avaricia o una barra de pan para alimentarse, el resultado final es privar a alguien sin justa causa de su propiedad.

Dejemos sin castigo a todos aquellos que roban arguyendo una necesidad inexcusable y auguro que, en poco tiempo, no habrá nada que robar porque nadie se expondrá al riesgo de comerciar con bienes que pueden ser sustraídos impunemente.

El segundo de los argumentos es que existen mecanismos legales mucho menos lesivos para la sociedad. Volviendo al ejemplo de más arriba, parece lógico que no debe castigarse de igual forma a quien roba un banco por avaricia que a quien roba una barra de pan para comer, pues ni las situaciones de partida son las mismas, ni las motivaciones tampoco.

Por ello, los legisladores deben establecer penas superiores para el primer caso, ya sea bien directamente, incrementado en términos absolutos su onerosidad o bien, por el contrario, reduciéndola para el segundo caso mediante eximentes parciales.

La diferencia sustancial entre el indulto y estas medidas reside en el hecho de que, con las segundas, ya desde el primer momento, todos las personas saben cuál es el castigo por cada conducta y pueden amoldarse a ello en función de sus intereses.

La Ley es igual para todos y todas las que se hayan en la misma circunstancia, lo único que varía es que existe una mayor especificidad de aquellas que comportan una sanción, lo que, sin duda, favorece a la Justicia porque permite graduar mejor las penas.

Con el indulto, sea parcial o total, permitimos al condenado obtener una ventaja injusta, sea mayor o menor según las circunstancias, tanto sobre quienes decidieron no actuar de igual forma por miedo a la potencial pena como frente a los que, actuando de la misma forma, no han obtenido, por los motivos que sean, un indulto.

Con una mayor especificación de la Ley, podemos graduar la reprobabilidad que nos merece una conducta que, en síntesis, es idéntica (en el ejemplo anterior, robar) y, además, eliminamos la posibilidad de que alguien obtenga la mencionada ventaja injusta.

El tercer y último argumento es, como ya se habrá podido imaginar el lector, el hecho de que, por su propia naturaleza, el indulto es una ventana muy peligrosa a la arbitrariedad de los líderes del estado que son, como hemos dicho en las primerias líneas, quienes detentan el derecho de gracia.

No nos engañemos, por mucho que intentemos acotar esta prerrogativa, para regularla siempre necesitaremos acudir a palabras como “equidad” o “interés público”, que no son más que ratoneras que permiten a los gobernantes beneficiar a ciertas personas que han incumplido la Ley.

La Historia está llena de ejemplos del uso del indulto como una herramienta para comprar y pagar favores políticos. Por ejemplo, tenemos el caso de Richard Nixon y Gerald Ford.

Asediado por el escándalo del Watergate, Nixon accedió a dimitir solo si se le indultaba por cualquier acto que hubiera cometido durante su presidencia. El 8 de septiembre de 1974, un mes después de la dimisión de Nixon, el recién nombrado presidente Ford le otorgó un indulto total (full pardon), escapando así de responder ante la Justicia por su escandalosa lista de crímenes.

En definitiva, no puede verse al derecho de gracia más que como una aberración jurídica que lo único que fomenta es la injusticia y la desconfianza del ciudadano de a pie respecto de los poderes públicos.

Si realmente a lo que aspiramos es a conseguir una verdadera igualdad ante la Ley, no podemos permitir que nadie pueda escapar a su más estricto cumplimiento porque, de lo contrario, se abre irremediablemente un camino expedito a la discriminación.

PARA REPASAR

¿QUÉ ES LA PRERROGATIVA DE GRACIA?

En el caso español, es la vetusta Ley de 18 de junio de 1870 la que regula los requisitos y circunstancias que dan derecho a otorgar un indulto a un reo que ha sido hallado culpable en un proceso penal.

¿CUÁLES SON LAS DOS MEDIDAS DE GRACIA POSIBLES?

El indulto

Es la gracia por la cual se anula la pena impuesta por un delito, o se conmuta por otra menor, es decir, el reo se ve liberado el cumplimiento de la pena, pero sigue constando como autor probado de un delito.

La amnistía

Consiste en el olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores. No solo elimina la responsabilidad penal, sino que, además, declara que restituye la inocencia del condenado.

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