¿Para qué sirve el castigo en derecho?

castigo en derecho

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Dijo Ulpiano que la Justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada cual lo que se merece. El problema estriba en determinar quién merece qué. Si seguimos lo que sostuvo este gran jurista romano (y muchos otros después de él, como Santo Tomás de Aquino o Immanuel Kant), la Justicia es un mecanismo que permite a todos los miembros de una sociedad desarrollarse en igualdad de condiciones, garantizando que quien intente tomar una ventaja injusta será debidamente castigado.

Sin embargo, como suele ocurrir en Derecho, esto nos lleva indefectiblemente a otra pregunta cuya respuesta es, cuanto menos, complicada: ¿Qué es tomar una ventaja injusta? Asumamos que nos encontramos en una sociedad donde existe una cámara legislativa, hogar de la soberanía popular e impera el estado de Derecho. En este contexto, podríamos acordar que una ventaja injusta es toda ventaja que se obtiene de violar la Ley.

¿Por qué? Porque en este escenario, la Ley no es más que una expresión de la voluntad del Pueblo formada a través de sus representantes. La Ley expresa lo que para la sociedad es justo en cada momento y, necesariamente, es injusto cualquier comportamiento que vaya contra ella.

Por tanto, la injusticia es intrínsecamente perversa, ya que encuentra su origen en la voluntad de un individuo de situarse en una posición de privilegio respecto a sus congéneres no por sus propios méritos, cosa lícita de todo punto, sino aprovechándose de la honradez ajena.

En este sentido, la injusticia, por nimia que sea, quiebra el más elemental de los principios del estado de Derecho: la igualdad de los ciudadanos. La mencionada expresión ventaja injusta comprende la idea de que cuando una persona no respeta las reglas que, de común acuerdo, nos hemos otorgado, está atacando de forma frontal a nuestra capacidad de desarrollarnos en igualdad de condiciones.

Si volvemos a la cita de Ulpiano, parece indubitado que lo que merece una persona que viola la Ley que, como hemos acordado, es por definición justa, es un castigo, pues su conducta quiebra el principio de que los miembros de una sociedad deben poder desarrollarse en igualdad de condiciones. Ahora bien, aunque todos estemos de acuerdo en que a quien es injusto debe ser castigado, seguramente no compartamos la justificación que nos conduce a ese resultado.

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Alguien podría sostener que como la ventaja injusta obtenida por quien se salta la Ley se traduce en un daño para la sociedad, el objetivo del castigo debería ser obligar al infractor a resarcirlo por entero.

Otra persona, en cambio, podría argüir que un quebranto aislado de la Ley tiene un efecto mínimo sobre los demás, pero que si se permite a cualquiera violarla impunemente, la sociedad acabaría desapareciendo, por lo que el castigo tiene que ir encaminado a disuadir a otros de intentar obtener una ventaja injusta para preservar la convivencia.

Sin embargo, para mí, la justificación de la pena no estriba ni en la compensación del daño, como en el primer caso, ni en la utilidad de evitar que haya múltiples violaciones de la Ley, como en el segundo.

Bajo mi punto de vista, la pena se ha de imponer con un estricto carácter punitivo. La pena debe tener como único objetivo castigar a quien es injusto, porque la injusticia es, por los motivos antes expuestos, intrínsecamente perversa.

Lo que es verdaderamente reprochable a quien no respeta la Ley no es ni el daño que causa, ni el efecto llamada que su conducta pueda tener en la sociedad. Lo verdaderamente reprochable es el hecho de que es injusta por sí misma, debido a que sitúa a quien la lleva a cabo por encima de los demás y eso, en un estado de Derecho, es inadmisible, por subvertir el principio de igualdad entre los ciudadanos.

Así, la función de la pena no debe ser ni compensar al perjudicado ni disuadir al resto, sino garantizar el respeto a dicho principio.

Ahora bien, de este razonamiento no puede derivarse otra conclusión que no sea que lo que se merece quien se salta la Ley es una pena equivalente a la ventaja injusta que ha obtenido.

De lo contrario, se incurriría, paradójicamente, en otra injusticia, ya que si se castigara al infractor en una proporción mayor al desvalor que ha causado con su conducta, no se estaría cumpliendo con el fin de la pena, dado que se le estaría situando en una posición peor que la de sus congéneres.

No obstante, la proporcionalidad en la imposición en la pena debe entenderse en un doble sentido. La exigencia de una proporción entre la ventaja injusta obtenida y la pena no solo obliga a que ambas sean equivalentes, sino que también implica el respeto del principio de proporcionalidad stricto sensu, es decir, que frente a dos penas que permitan castigar por igual una injusticia, siempre debe escogerse la menos onerosa para el reo.

Esto es así porque no hay ningún elemento de juicio que permita justificar que debe imponerse la pena más dificultosa de cumplir entre dos posibles, siempre que, insisto, ambas resulten idóneas para restituir el principio de igualdad entre los ciudadanos.

Mas al contrario, es del mayor interés para la sociedad que la pena impuesta se cumpla de la forma más rápida posible, pues cuanto antes se ejecute, antes todos los ciudadanos volverán a gozar de las mismas condiciones para desarrollar su proyecto de vida.

En suma, como he ido desarrollando a lo largo de las líneas precedentes, la pena debería tener como única función garantizar el respeto al principio de igualdad, piedra de toque de cualquier sociedad democrática y donde exista un genuino estado de Derecho.

Eso sí, teniendo como límite la proporcionalidad, tanto en lo referente a su correlación con la conducta injusta como en lo tocante a los medios para cumplirla. Solo un castigo que respete estos límites podrá considerarse como lo que cada cual se merece.

Solo un castigo que respete estos límites podrá considerarse que es lo que cada cual se merece.

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