¿Qué derechos tenemos las mujeres en España?

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Comencemos por el principio, como es obvio. Si ahora mismo cogiéramos todas las sociedades del mundo y analizáramos sus individuos, el grupo poblacional más pobre serían las mujeres. Eso implica que, cuando hablamos de género, existe una brecha que baña todo el planeta, convirtiéndose en una causa universal.

Ateniendo a esto y trasladándolo a un plano legal, observamos que la palabra “mujer” aparece en dos ocasiones en nuestro texto más sagrado: la Constitución. Analicémoslo juntos. La primera vez que aparece la palabra “mujer” es en el artículo 32 del mismo, que cito “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”.

Esta batalla por la plena igualdad jurídica nos lleva a los famosos cambios legales que han ido ganando terreno hacia esta igualdad plena.

Hablamos de las pensiones compensatorias en caso de separación o divorcio. Usemos de nuevo la ley para entenderlo, a tenor del artículo 37 del Código Civil “El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia”.

Con este último artículo conocemos que el legislador ha entendido lo que implica el matrimonio y la crianza para la mayoría de las mujeres: la generación de una situación de desigualdad económica y laboral que nos lleva a poder pedir una pensión compensatoria para limpiar la situación de desigualdad.

Avisando previamente, tiene derecho a ausentarse del trabajo para los exámenes médicos y para seguir la preparación al parto, y este tiempo de ausencia, le será igualmente remunerado.

Si el trabajo que desempeña conlleva un riesgo durante el embarazo o la lactancia, el empresario debe dar otro tipo de trabajo que no presente riesgos. Se tendrá derecho a no trabajar en turno de noche y a no cargar ningún tipo de peso.

Así mismo, la baja es de 16 semanas después del parto, siempre con retribución y reserva del puesto de trabajo. Si es un parto múltiple se amplía 2 semanas por cada hijo a partir del segundo.

Si los dos trabajan, el padre también podrá coger parte de la baja, simultánea o sucesivamente, pero entre los dos deben sumar las 16 semanas y las 6 semanas inmediatas al parto serán exclusivas para la madre.

En caso de adopción de niños menores de 6 años, se dispondrá también de 16 semanas, ampliables si la adopción es múltiple. Si el niño es mayor, procede del extranjero o tiene una minusvalía de algún tipo, los servicios sociales estudiarían el caso para determinar el tiempo necesario.

Las trabajadoras pueden ausentarse una hora del trabajo por la lactancia de un hijo menor de 9 meses, o reducir su jornada en el mismo tiempo. Solo dispondrán de este derecho uno de los dos, salvo que la reducción sea de media hora para compartir el permiso entre los dos.

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Se conceden dos días para cuidar de familiares enfermos a su cargo, cuatro si se necesita desplazamiento.

A los padres se les concede dos días por nacimiento de hijo. Se puede pedir la excedencia del puesto de trabajo para cuidar de los hijos tanto naturales como adoptivos. Se puede disfrutar de esta excedencia hasta que el niño tenga tres años.

Durante el primer año, el trabajador tiene derecho a que se le reserve su puesto de trabajo. Durante los dos últimos, si no es posible conservar el puesto, le corresponderá otro de igual categoría profesional.

Durante el periodo de excedencia se tiene derecho a seguridad social, cuenta para antigüedad y también puede asistir a los cursos de formación profesional.

Hemos comenzado este artículo comentando que la palabra “mujer” aparece en dos ocasiones en nuestra Constitución. Pues bien, la segunda, y entiéndase la ironía de hilar este punto con el laboral, es la reforma constitucional de la ley sálica.

Hasta el 2015, se preveía que el trono de la Corona Española solo la podrá ostentar el primer descendiente masculino. Pues bien, decidieron cambiarlo, puesto que la princesa es una mujer, dejando el texto constitucional, del artículo 57 de este modo: «La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica.

La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.»

Prosiguiendo con los Derechos Laborales y, a tenor de las mujeres victimizadas por violencia de género, La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE nº 313 de 29 de diciembre de 2004) consagra y garantiza, a las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género, una serie de derechos laborales y de Seguridad Social, con la finalidad de que puedan conciliar sus obligaciones laborales con sus necesidades de protección y recuperación integral.

Asimismo, se han puesto en marcha medidas de apoyo a los empresarios para minimizar el coste del ejercicio de estos nuevos derechos por parte de las mujeres trabajadoras y, por otra parte, para fomentar la contratación de aquellas que deseen incorporarse al mercado laboral o desempeñar un trabajo por cuenta propia.

Las víctimas de violencia de género tienen algunos derechos ya reconocidos que, aunque sea insuficientes, si nos marcan una estela en la que podemos seguir trabajando.

Existe el derecho a la información, que consta de un servicio gratuito y confidencial que ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata en todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul, incluida, por tanto, la violencia de género de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.

También reconoceremos el derecho a la asistencia social integral. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia social integral que incluye servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, que han de responder a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.

Además, las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de la existencia de recursos para litigar, que se les prestará de inmediato, en aquellos procesos judiciales y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.

También, se les reconocen derechos tendentes a procurar la conciliación del trabajo con la situación de violencia de género, se garantiza su protección si se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo, bien con carácter temporal, bien con carácter definitivo, y se procura su inserción laboral en caso de que no estuviesen empleadas. Larga es la lista de derechos a la víctima en materia laboral.

Entrando a analizar un poco el apartado más íntimo de las mujeres, otro de los derechos que aún sigue siendo de los más problemáticos y que sigue ocupando la primera página en algunos periódicos es, sin duda, el derecho al aborto.

Como jurista y feminista, considero que debemos hablar del aborto garantizado, puesto que se lleva a cabo por parte de la Seguridad Social sin coste alguno para las mujeres y que, a su vez, no entiende de condicionantes más allá de la simple voluntad de las mujeres.

La ley entró en vigor el 5 de julio de 2010. En su Título II, artículos 13 y 14, se concreta la despenalización de la práctica del aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo.

Durante este tiempo, la mujer podrá tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción de su embarazo.

Habida cuenta de lo anterior, sumaremos que desde 2009 las farmacias españolas tienen y venden la pastilla sin prescripción médica, y, dependiendo de cada autonomía, se puede adquirir gratuitamente también en centros de salud, centros de planificación familiar y algunas urgencias.

También, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, nos declara la importancia de la educación sexual de las niñas, adolescentes y jóvenes.

Los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales garantizarán: La información y la educación afectivo sexual y reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo y el acceso universal a los servicios y programas de salud sexual y reproductiva.

Las mujeres, con la sociedad y de la mano del Estado deben seguir exigiendo los derechos que les son propios, por el hecho de ser mujeres y vivir en una sociedad que no ha sido garantista hacia la igualdad material ni formal.

Este pequeño artículo es a base informativa, puesto que aún nos queda un largo camino, jurídico y político, para poder llegar a alcanzar nuestra meta: la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Las mujeres deben seguir exigiendo los derechos que le son propios.

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