¿Qué es el derecho colaborativo?

El Derecho colaborativo es un método autocompositivo de resolución de conflictos alternativo a la vía jurisdiccional cuyo objetivo es solucionar conflictos basados en materias de libre disposición a través del acuerdo.

Este método tiene origen norteamericano. Fue en los años ´90 del siglo pasado cuando un abogado de familia cansado de observar y padecer los estragos emocionales que causan los pleitos, no solo para las partes, sino también para los abogados, decidió no volver a los tribunales y comenzar a resolver los conflictos alcanzando acuerdos sin necesidad de acudir a la vía judicial. Así es como Stuart Webb dio inicio, junto a otros abogados, psicólogos, jueces, asesores financieros y otros profesionales al Collaborative Law. Este Alternative Dispute Resolution (ADR) en el año 2000 ya estaba implementado en todos los estados de Norteamérica y Canadá y durante dicha década fue expandiéndose hacia Reino Unido, Australia, Bélgica, Francia, Suiza y Austria, por ejemplo.

En España hay que esperar hasta 2013 para poder constatar la primera iniciativa autonómica sobre derecho colaborativo.

Si bien sigue siendo bastante desconocido en nuestro país, cabe destacar que la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi (ADCE) consiguió el apoyo de la Administración Pública, en este caso del Parlamento Vasco, para promocionar y fomentar el derecho colaborativo con la finalidad de propiciar la cultura de la paz y del acuerdo y también descongestionar el sistema judicial, pudiendo así los juzgados dedicarse a resolver aquellos asuntos que realmente necesitan de un juez que dirima. La ADCE y otras asociaciones de derecho colaborativo unen sus fuerzas e intenciones de expansión a través de la Federación de Derecho y Práctica Colaborativa (FEDECOB). Actualmente, en la página web de FEDECOB se puede observar que existen asociaciones de derecho colaborativo en las siguientes comunidades: Asturias, Euskadi, Galicia, Madrid, Navarra y Valencia.

Pero, volviendo a la intención de este artículo de definir y caracterizar al derecho colaborativo, entonces, ¿Cómo hacerlo?

En el ordenamiento jurídico español este método alternativo de solución de conflictos (MASC) aún no está regulado, como sí lo está la mediación, por ejemplo, a través de la Ley 5/2012 de mediación civil y mercantil o la ley 3/2007 de mediación familiar. Así que, para dotar a este derecho de una definición legalista se acude a la regla 2.3 de la Uniform Collaborative Law Rules (UCLA) de Estados Unidos (EEUU) que sí define qué es el derecho colaborativo en EEUU y lo hace señalando que es un procedimiento, que sin la intervención directa de un juez o magistrado, conduce a resolver un conflicto de índole colaborativa, debiendo cumplir dos condiciones: primera, que las partes en conflicto hayan firmado un acuerdo de participación en el que expresen que de forma voluntaria desean solucionar su controversia a través de este método y, segundo, que dicho procedimiento esté dirigido por abogados colaborativos.

Observamos claramente, a partir de esta definición sobre el derecho colaborativo, que está regido por el principio de voluntariedad, común a todos los MASC. Las partes acceden y permanecen en el proceso colaborativo de forma voluntaria, pudiendo cualquiera de las partes abandonarlo en cualquier momento sin necesidad de justificación y sin perjuicio de que, en caso de existir múltiples partes, el resto pretenda continuar por esta vía.

También destaca de la definición de la UCLA que el proceso colaborativo está dirigido por abogados, textualmente la regla dice lo siguiente: «persons: …(B) are represented by collaborative lawyers» (las partes están representadas por abogados colaborativos). ¿Qué quiere decir esto? Que las partes van a estar dirigidas por abogado de parte formado en derecho colaborativo.

Efectivamente, a diferencia de la mediación que es un MASC basado en el principio de la imparcialidad, el derecho colaborativo se sustenta en un principio de parcialidad en el que los abogados colaborativos actúan como abogados de parte, y no con imparcialidad como lo haría un mediador.

El abogado va a velar por los intereses de su cliente, asesorarlo para alcanzar esos intereses y acompañarlo durante el proceso, si bien, procurará que los intereses de la parte contraria también se vean satisfechos a través del ganar-ganar propio de la negociación basada en intereses o negociación Harvard, que es el método a través del cual va discurrir la negociación de las partes.

Otros elementos esenciales que caracterizan al derecho colaborativo son la trasparencia y la confidencialidad que están interrelaciones y dependen el uno del otro.

La trasparencia es esencial para que las partes alcancen acuerdos y dicta que toda la información relevante que sea necesaria para conseguir el acuerdo debe ser vertida en el proceso necesitando para ello de un espacio seguro y blindado que garantice que dicha información no será utilizada, en caso de que no se resuelva el asunto a través de este MASC, en ulterior proceso jurisdiccional u otro método alternativo. Este espacio lo proporciona el principio de confidencialidad que deben mantener tanto las partes, como los profesionales que intervienen en el proceso.

El abogado debe mantener el secreto profesional con su cliente, de manera que, si este se niega a ofrecer una información que resulta necesaria para el devenir fructífero del procedimiento, el abogado deberá de alentar a su cliente a hacerlo. Si el cliente no se aviene, entonces el abogado comunicará a la otra parte (o partes) que el proceso colaborativo debe de concluir.

Ahora bien, la nota por antonomasia que distingue al derecho colaborativo de otros MASC es sin duda la cláusula de renuncia a los tribunales (Disqualification clause o withdrawal disposition) de los abogados colaborativos y los expertos neutrales o terceros que acudan al proceso. Esto significa que los abogados y profesionales firman, en el Acuerdo de Participación Colaborativo que, en caso de que el conflicto no llegue a solucionarse a través de este procedimiento y las partes decidan acudir a los juzgados para resolverlo, deberán contratar a otros abogados para ser representados en ese ulterior proceso contencioso.

La finalidad de esta cláusula y elemento esencial del derecho colaborativo es garantizar a las partes que los abogados van a hacer todo lo posible por resolver el asunto ya que, de no alcanzar acuerdo, ellos no se beneficiarían económicamente de la representación de las partes en vía judicial, como ocurre en las negociaciones tradicionales previas a la instancia judicial. También refuerza el cumplimiento del principio de confidencialidad comentado en el párrafo anterior.

Todos estos principios y elementos del derecho colaborativo se reflejan en el Acuerdo de Participación, que es el contrato que firman las partes y los abogados (y los terceros neutrales que participen) y que, además de dar inicio formal al proceso colaborativo, lo va a guiar y configurar según las necesidades de las partes y de la propia controversia insertando las cláusulas convenientes y necesarias para ello, manteniendo una inherente flexibilidad característica de este proceso y que lo diferencia de forma contundente de la rigidez formal propia del ámbito jurisdiccional con sus plazos perentorios e improrrogables y su eminente formalismo.

El derecho colaborativo es una herramienta más del abogado para alinearse con el fomento de la cultura del acuerdo y de la paz que propulsa el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en el Plan Estratégico de la Abogacía 2020 en el que, dentro del segundo eje propuesto dedicado a «una abogacía gestora de conflictos», se pone como medida, en concreto es la medida cuarenta y cuatro, la «promoción de prácticas colaborativas» comprometiéndose el CGAE a ofrecer información y formación sobre derecho colaborativo y a crear redes de abogados colaborativos.

Para ejercer como abogado colaborativo, y como otro profesional neutral colaborativo, es necesario formarse en Negociación Harvard (básico y avanzado), en derecho colaborativo y completar con formación complementaria que puede ser en mediación, técnicas de comunicación, máster, coaching, etc. Estas formaciones las ofrecen en las asociaciones de derecho colaborativo.

El derecho colaborativo aún está en proceso de expansión en nuestro país y, probablemente, de aprobarse el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, sea una herramienta interesante al alcance de los abogados para poder gestionar y solucionar conflictos en materias de libre disposición evitando el juicio.

No olvides compartir este post

Artículos Relacionados